Ya en el siglo XVIII el pensamiento ilustrado mexicano había
empezado a considerar la educación como un instrumento de mejoramiento material
del país y como modelador de ciudadanos leales. Para el momento de la
independencia la urgencia de la educación del pueblo estaban presentadas ante
las Cortes de Cádiz. Predominaba la idea de “sin instrucción no hay libertad”. Sin
embargo, la situación social y política de caos que existía por todo el país,
obstaculizo el progreso en la educación del pueblo.
La lucha por educar a las masas y preparar un hombre digno
de tomar su lugar en la nueva sociedad tropezaba con cada revuelta militar y
cambios de gobierno. Existía un abismo entre los hombres públicos y el modelo
de ciudadano respetuoso, honrado y obediente prototipo del periodo. Durante
estas décadas de militarismo, los nuevos héroes aturdían con el brillo de sus
uniformes y no se fijaban demasiado en los refinamientos académicos; Santa Anna
y sus compañeros o contrincantes de armas apenas tenían la instrucción primaria
y se preocupaban más por los negocios que por los estudios.
El instituto de ciencias y artes es fundado en Oaxaca en
1826, como resultado de las normas educativas fijadas en la constitución.
Mora reconoció el plan de reforma presentado por Lucas
Alamán en 1830. Habría dividido la instrucción en cuatro ramas; se
introducirían nuevas materias y se suprimirían las inútiles cátedras de
teología. Creía que la instrucción general era “uno de los más poderosos medios
de prosperidad” debía fomentarse y superar la idea de enseñar simplemente a
leer y a escribir, pues se necesitaba proporcionar educación moral y política. De
aquí la necesidad de una nueva independencia.
El objetivo central de esta revolución ideológica del
liberalismo es modernizar a México. Según Mora, es la necesidad de extender a
la sociedad las revoluciones mentales, y por ende, modificar las opiniones de
todo el pueblo y no de unos cuantos. En los colegios solo se forman hombres
teóricos, ajenos a su realidad. Hombres incapaces de enfrentarse a los
problemas que la misma podía presentarles. Educación enemiga de todo cambio.
Individuos incapaces de transformar su realidad, apegados a viejas costumbres y
tradiciones, sin criterio alguno para examinar y adaptarse a nuevas
circunstancias.
En 1833, durante el primer periodo de gobierno del
Presidente Antonio López de Santa Anna, quien ocupó la presidencia en varios
periodos (1833-1855), se intentó la primera reforma liberal para secularizar la
educación, nacionalizar el clero, y suprimir congregaciones religiosas. La
exclusión del clero en la enseñanza se inició al cerrar el Colegio de Santa
María de Todos Santos y la Universidad, cuya capilla fue alquilada a una
pulquería.
La reforma de 1833-1834 piedra angular del nuevo edificio
liberal, durante el gobierno interino de Gómez Farias, consistió en tres
importantes modificaciones legislativas: a) la reforma eclesiástica que
subordina el clero al gobierno; la secularización de algunos bienes de la
iglesia; la supresión de la coacción civil para el cumplimiento de votos
religiosos y para el pago de diezmos, entre otros aspectos; b) la reforma
militar que sustituía al ejercito por una Guardia Nacional y c) la reforma
educativa.
En esta Reforma, consideraba que "la instrucción del
niño es la base de la ciudadanía y de la moral social", se sentaron las
bases fundamentales de las futuras políticas en materia educativa.
Por decreto se clausuró la Real y Pontificia Universidad de
México, fechado en la ciudad de México el 21 de octubre de 1833 y se establece
una dirección general de instrucción pública, para el Distrito y Territorios de
la Federación. Sus funciones eran: nombrar profesores, hacer reglamentos,
elegir los libros de texto, etc. Esta dirección se compondrá del vicepresidente
de la República y seis directores nombrados por el gobierno. La dirección
tendrá a su cargo todos los establecimientos públicos de enseñanza, los
depósitos de los monumentos de artes, antigüedades e historia natural, los
fondos públicos consignados a la enseñanza, y todo lo perteneciente a la
instrucción pública pagada por el gobierno.
La dirección cuidará las escuelas de primera enseñanza que
se paguen de los fondos del común.
La educación se declaro libre y la educación superior quedó
organizada en seis establecimientos.
Primer establecimiento: Estudios preparatorios.
Cátedras: Primera y segunda de Latinidad, una de lengua
Mexicana, una de Tarasco, una de Otomí, una de Francés, una de Inglés, una de
Alemán, una de Griego, una de principios de lógica, aritmética, álgebra y geometría,
una de teología natural, reumatología y fundamentos filosóficos de la religión.
Este establecimiento se situará provisionalmente en el
antiguo hospital de Jesús.
Segundo establecimiento: Estudios ideológicos y humanidades
Cátedras: Una de ideología en todas sus ramas, una de moral
natural, una de economía política y estadística del país, una de literatura
general y particular, una de historia antigua y moderna.
Este establecimiento se situará por ahora en el convento de
San Camilo.
Tercer establecimiento: Ciencias Físicas y Matemáticas
Cátedras: Dos de matemáticas puras, una de física, una de
Historia natural, una de química, una de cosmografía, astronomía y geografía,
una de geología, una de mineralogía, una de Francés, una de Alemán.
Este establecimiento se situará en el seminario de Minería.
Cuarto establecimiento: Ciencias médicas
Cátedras: Una de anatomía general descriptiva y patológica,
una de fisiología e higiene, primera y segunda de patología interna y externa,
una de materia médica, primera y segunda de clínica interna y
externa, una de operaciones y
obstetricia, una de medicina legal, una de farmacia teórica y práctica.
Este establecimiento se situará en el convento de Belén.
Quinto establecimiento: Jurisprudencia
Cátedras: Primera y segunda de Latinidad, una de idioma
Mexicano, una de Otomí, una de historia sagrada del antiguo y nuevo Testamento,
una de fundamentos teológicos de la religión, una de exposición de la Biblia,
una de concilios, padres y escritores eclesiásticos, una de teología práctica o
moral cristiana.
Este establecimiento se situará por ahora en el colegio de
Letrán.
A más de estos establecimientos, habrá por separado en el
Hospicio y huerta de Santo Tomás las cátedras de botánica, una de agricultura
práctica, una de química aplicada a las artes.
Fuera de ellos, la enseñanza de todas clases de artes y
ciencias es libre en el Distrito y Territorios. En uso de esta libertad puede
toda persona a quien las leyes no se lo prohíban, abrir una escuela pública del
ramo que quisiere, sujetándose a los reglamentos generales que se dieren sobre
la materia.
Y el 26 de octubre de 1833, se previno el establecimiento de
dos escuelas normales, una para varones y para mujeres la otra.
El programa de la administración Farías abraza los
principios siguientes:
Mejora del estado moral de las clases populares, por la
destrucción del monopolio del clero en la educación pública, por la difusión de
los medios de aprender, y la inculcación de los deberes sociales, por la
formación de museos, conservatorios de artes y bibliotecas públicas, y por la
creación de establecimientos de enseñanza para la literatura clásica, de las
ciencias, y la moral.
En estas condiciones, la comisión determino tres principios
rectores: 1° Destruir cuanto era inútil o perjudicial a la educación y
enseñanza; 2° Establecer ésta en conformidad con las necesidades determinadas
por el nuevo estado social; y 3° Difundir entre las masas los medios más
precisos e indispensables de aprender.
Ahora bien, por la ley de 12 de octubre de 1833 se extingue
el Colegio de Santa María de Todos Santos, previniéndose que el gobierno hará
que las fincas y rentas de dicho colegio se administre independientemente de
los demás ramos de hacienda, y se inviertan en los gastos de educación. El 27, se
expide el decreto que suprime la obligación civil de pagar el diezmo (es decir,
el diez por ciento de los ingresos de todo individuo) a la Iglesia católica.
El gobierno mexicano procuró fomentar actividades culturales
que dieran mayor brillo a su renombre internacional, y que le permitiera
presentar al país como nación culta o en camino de serlo. Entre otras, en 1833
dictó providencias para establecer la Biblioteca Nacional y el Instituto de
geografía y Estadística. Reunió estadísticas y el gobierno, que siempre lamentó
el nivel cultural del país, quedó encantado con los trabajos del instituto.
Aunque dejó de existir a los pocos años, el gobierno público posteriormente una
memoria con el resultado de sus trabajos en 1846.
Los informes presentados a la Dirección General de
Instrucción Pública en abril de 1834 nos indican que el rejuvenecimiento de la
educación tuvo proporciones modestas. Manuel Eduardo de Gorostiza, secretario,
informo que lo ingresos ascendían a 223 830 pesos, y 334 alumnos se inscribieron
en 47 cursos.
Sin embargo, el presidente Santa Anna, el 31 de julio de
1834 y en nombre del progreso derogaba las reformas. En lugar de la Dirección
se nombraba la Junta Provisional compuesta por los rectores de los colegios,
que formularia el plan de enseñanza del 12 de noviembre de 1834. Se
restablecía la Universidad y el antiguo orden; además, se establecieron las
Bases Constitucionales o Siete Leyes que dejaba en manos de las juntas
departamentales la iniciativa de leyes relativas a la educación y el
establecimiento de escuelas de primeras letras.
El deseo de hacer algo por el indio
El deseo de hacer algo por el indio estaba presente ya en la
legislación de las Cortes de Cádiz. Inclusive se decretó darles becas de
estudios a los indios. Era fácil idealizar al lejano indio precolombino y
había, además, poderosas razones políticas para hacerlo. Se prestaba
legitimidad a los movimientos independistas que querían hacer creer que la
soberanía radicaba en el pueblo, es decir, en los pobladores originales de las
tierras mexicanas.
Para los gobernantes del México independiente, el indio era
un recuerdo estorboso de tiempos pasados, si no había manera de hacerles
desaparecer, se les podría relegar,
siempre y cuando no causara problemas a la república. Esto se lograría con la
enseñanza del catecismo religioso y civil, que explicaban al educando sus
derechos y obligaciones como cristiano y como ciudadano.
Se decía que al indio había que educarlo para que se le
quitaran todos sus vicios. El alcohol en exceso dejaba a las comunidades
aisladas de los saludables efectos de la ilustración, aunque no se quejaban de
los que lo suministraba a cambio de buenas ganancias. El vicario de Chamula.
Chiapas, se lamentaba en 1830 de que las 12000 almas de esa zona, segregadas en
siete pueblos, son gobernados por ayuntamientos de puros indígenas, entre
quienes si apenas se encuentra u escribiente con el nombre de secretario que
sepa leer y escribir; no hay otro elemento que los haga capaces del
cumplimiento de las leyes y deberes que ellas imponen.
La guerra de independencia no significó la puesta en
práctica de las metas acordadas en Cádiz.
Al contrario, al cumplir la primera década de autonomía de la madre
patria, el balance educativo para los indígenas fue desfavorable. La independencia política no había favorecido
a los indios en absoluto; de hecho su situación era mucho más lastimosa que
durante la colonia porque ahora, aparte de acusarlos de ignorantes, se les
despreciaba por no formar parte de la economía capitalista que tanto promovían
los ilustrados e incipientes industrialistas del país. En los pueblos de población mixta
veracruzana, se abrían escuelas con cargo al erario del estado, pero en los
pueblos puramente de indígenas “se cobraría un tributo a casados, viudos y
solteros para pagar a un doctrinero que enseñaría el catecismo de Ripalda”.
Desde luego estas actitudes no mejoraron las relaciones
entre las razas y a partir del decenio de 1840 se incendió el país con la
guerra de castas. En Querétaro, la
pobreza y el resentimiento preocupaban al gobierno que no encontraba la manera
de someter al orden a los pueblos indígenas.
Las guerras de castas, que estallaron en varias partes de la
república, recordaron a la clase
gobernante y a los habitantes de las ciudades que la numéricamente
poderosa población indígena no estaba tan sumisa como habían creído. Esto les obligó a pensar en un tema
legalmente ignorado, la instrucción indígena más allá de la enseñanza de la doctrina. Asignaron a las letras un papel sobresaliente
en la conservación de la paz social.
No obstante, las ordenanzas de escuelas de primeras letras
de 1840 dictaban que, por lo menos, se debía dedicar una hora a la enseñanza de
la doctrina cristiana. A mediados del siglo XIX, en la entidad se patrocinaron
clases dominicales para adultos analfabetas.
Santa Anna nacionalizó los colegios superiores en 1843.
Gracias a esta medida logró tenerlos bajo sumando, con la ventaja de que su
secretario de Instrucción Pública podía
escoger su personal, aprobar el presupuesto, dictaminar sobre los libros de
texto y establecer los cursos. Con anterioridad Santa Ana decretó un plan de
estudios para todo el país, cuya meta era hacer cursar a los aspirantes de
abogado, médico y sacerdote una misma preparación antes de pasar a sus cursos
profesionales.
Manuel Baranda secretario de Instrucción Pública, logró que
Santa Ana aceptara las siguientes materias preparatorias: gramática castellana,
latina, francesa e inglesa, ideología, lógica, metafísica y moral, matemáticas,
física, cosmografía, geografía y cronología, todas a nivel elemental. Los
estudiantes tenían que cursar además economía política y dibujo natural y
lineal. La intención era dar al joven una preparación más amplia para ayudarlo
a enfrentarse a la vida moderna.
En marzo de 1853 se decretó que en todas las escuelas precisa e indispensablemente, sin que ninguno
de los maestros pueda eximirse, bajo pena de cerrarle el establecimiento,
doctrina cristiana por el catecismo del padre Ripalda, rezándola los niños
todos los días, cuando menos media hora por la mañana y media hora por la
tarde. Los centros de estudio sigue siendo un importante centro transmisor de
valores religiosos y el catecismo siguió siendo el común denominador de la
instrucción primaria.
Desde 1861, Juárez había promulgado una ley de educación (15
de abril), en la cual se reflejaba la
convicción de que el gobierno tenía que controlar este medio insustituible de
formación de ciudadanos. La instrucción primaria, en el distrito y territorios,
queda bajo la inspección federal, la que abrirá escuelas para niños de ambos
sexos, y auxiliará con sus fondos las que se sostengan por sociedades de beneficencia y por las municipalidades, a efecto de que se
sujeten todas al presente plan de estudios... El mismo gobierno federal
sostendrá en los Estados profesores para niños y niñas, que se destinarán a la
enseñanza elemental en los pueblos cortos que carezcan de escuela.
La ley orgánica de Instrucción Pública establecía la
instrucción primaria “gratuita para los pobres y obligatoria”. Y excluía toda
enseñanza religiosa del plan de estudios. Curiosamente, con excepción de la
escuela de sordomudos, que si enseñaban catecismo y “principios religiosos”.
Los integrantes de la República Restaurada veían la
importancia de educar a los indígenas. Su ambición suprema era arrancarlos de las garras de la
iglesia, para lo cual nuevamente no
había sino un camino: la escuela. Los indígenas, decía Ramírez “nada saben y
solo sirven de labradores o de soldados; los que entre ellos se levantan sobre
su clase, forman excepciones marcadas.
Sus costumbres son humildes, sus necesidades escasas, sus idiomas producen el
aislamiento... para contar con ellos como ciudadanos hemos de comenzar hacerlos
hombres”.
Las desventajas que los indígenas debían superar según
Ignacio Ramírez eran que fuera de los conocimientos elementales, como la
lectura, escritura, aritmética, álgebra, Geometría, Dibujo, Canto y Gimnasia,
los indígenas deben conocerse a sí mismo y tener nociones exactas sobre todo de
lo que les rodea, no como sabios, sino como hombres bien educados, responsables
de sus acciones y miembros de una planta, de la tierra, del cielo, de la nación
a la que pertenecen; esto es, anatomía, botánica, geología, geografía, astronomía
y las leyes generales y las de su municipio. La situación era lamentable, según
una descripción de él mismo: “rompen el alambre telegráfico para ver salir la
palabra; en los periódicos descubres solamente viñetas; el ferrocarril y los
grandes buques causan miedo; en las elecciones ven una especie de leva... para
contar con ellos como ciudadanos, tenemos necesidad de comenzar por hacerlos
hombres”. Ramírez les dejaría a los indígenas sus trajes, costumbres e idiomas,
pero les exigiría participar plenamente en la vida moderna, en la industria, la
agricultura, en el comercio, en la política y en el teatro de la
civilización el progreso.
Fueron también los liberales los que empezaron a dar un
impulso importante a la educación femenina, aunque se limitaban las materias de
enseñanza; por ejemplo, se excluía el
civismo, es decir, la preparación en los deberes ciudadanos. Díaz Covarrubias
hacía ver la conveniencia de instruir a la mujer entendiéndola como necesaria a cualquier humano. La
educación, decía, es de tal naturaleza que pude considerarse esencial para
complementar a todo ser humano...la instrucción primaria es como la materia
prima para discurrir y para conducirse en el mundo y debe estar igualmente a
disposición del hombre que de la mujer. Ignacio Ramírez consideraba que ya que
la mujer tenía la “personalidad religiosa y la civil, y solo le faltaba la
política”, tenía que educarse, no solo para defender sus intereses, sino por
la influencia que forzosamente tenía en
la educación infantil. La instrucción de la mujer tiene una misión de primera
importancia en las relaciones sociales... la instrucción pública, científica, positiva, no será
general y perfecta sino cuando comience en la familia.
Se organizo además, la Biblioteca Nacional, instituciones de
enseñanza secundaria masculina y femenina, la Escuela Nacional Preparatoria, la
Escuela de Medicina, cirugía y Farmacia, las escuelas de Jurisprudencia de
Ingenieros, de Agricultura y Veterinaria; también para estas fechas la política
educativa denotaba cierta flexibilidad para que cada Estado de la república
ajustase los criterios legislativos locales y sus recursos disponibles a la
educación publica respectiva, esta medida traería como consecuencia una
enfática diferencia entre los servicios educativos mas favorecidos por el
desarrollo.
El 15 de mayo de 1869 aparecía la reforma a la ley orgánica
de instrucción pública. La obligatoriedad era sumamente importante, ya que
entre las clases sociales de inferior posición, por poco ilustrados, lejos de
ser general y espontáneo el deseo de educar a los hijos, se necesita de alguna
coacción y de la vigilancia de la sociedad misma...este hecho, bien comprobado
ya, justifica por si solo, el principio de obligación para adquirir la
instrucción primaria.
EDUCACIÓN ELEMENTAL EN EL PORFIRIATO
Al iniciarse la vida
independiente existían en el país alrededor de 30000 alfabetos de un total de
4800000 adultos, es decir, que el porcentaje de analfabetos era de 99.38%
contra un 0.6 de alfabetizados.
En 1870 había ya cerca de 4000 escuelas primarias y
aparecieron mil más en el año siguiente.
Cuatro años más tarde el número había ascendido a un total de 8103
establecimientos, con una población escolar de 34900 alumnos; de las cuales,
5567 eran para niños, 1594 para niñas, 548 mixtas, 124 para adultos, 21 para
adultas y 249 sin clasificación. El 65%
de esas escuelas eran sostenidos por los municipios, el 7% la federación y el
28% por particulares (117 por el clero católico u otras asociaciones
religiosas). En 1878, el porcentaje de
escuelas oficiales con relación a las demás era de 89%. De lo anterior se sigue que el ritmo de
incremento de los establecimientos escolares fue muy acelerado y que las
escuelas municipales crecieron más rápidamente que las federales. No obstante, fue
un esfuerzo minúsculo para las necesidades de la república.
La reforma educativa emprendida por Juárez y continuada por
Lerdo constituye el punto de partida del proceso educativo del Porfiriato. Esa
reforma establece la gratuidad de la enseñanza, especialmente para los niños
pobres, con fondos municipales o con fondos de los dueños de fincas y
haciendas; la obligatoriedad de la instrucción, y en cuanto a la orientación
teórica, se inclino decididamente por un laicismo positivista.
En 1880, el entonces secretario de Justicia e Instrucción,
Ezequiel Montes, expidió un decreto que atacaba la instrucción positivista y
ordenaba el cambio del libro de lógica de los positivistas Stuart Mills y Vain,
por el de Tiberghien, discípulo de Krause.
En la escuela las nociones, conceptos y esquemas lógicos se
aprenden primero en teoría, en los talleres artesanales se fundaba en la
práctica. En la Puebla porfiriana, la enseñanza de las artes y oficios retomó
la experiencia del taller artesanal y pretendió sistematizar sus prácticas de
antaño en el espacio socializado de la escuela, el gobernador del Estado,
general Rosendo Márquez, nombró una comisión para establecer la Escuela de
Artes y Oficios del Estado.
Hacia 1881 se suprimió los cursos de rendimientos de física
y de artes en el nivel primario.
Durante el siglo XIX, el esfuerzo científico en México se
realizó en los campos de la biología, la medicina y la mineralogía. La
dirección del conocimiento estableció como derrotero la ciencia, porque se
creía firmemente en que las ciencias son exactas y ordenan la mente, mientras
que el conocimiento humanístico divaga.
El 15 de septiembre de 1885, da inicio a los trabajos para el establecimiento de la Escuela de Artes y Oficios de Puebla, la cual inició sus trabajos bajo los mejores augurios, ofreciendo una enseñanza práctica que intentaba, por un lado, subsanar las deficiencias del sistema de instrucción elemental y, por otro, hacía posible una rápida incorporación al mundo del trabajo bajo las nuevas condiciones que exigía el mundo moderno.
Los planes de estudio, de acuerdo con la influencia positivista, tenían una base científica en la que aparecieron las matemáticas, la física, la cosmografía, la química y la mecánica, pues se pretendía que su aprendizaje dotara al alumno de los instrumentos de análisis aplicables a todas las esferas de la vida. Los métodos de enseñanza privilegiaron la observación directa de los objetos empleando el método analítico, la calidad, la cantidad, las relaciones de los objetos entre sí y la experimentación como únicas fuentes posibles del saber; por eso los laboratorios eran indispensables para la comprobación de los preceptos científicos, cada tema debía ser experimentado en los aparatos del gabinete respectivo, pues la pretensión era poner la realidad ante los ojos del alumno. Esta especie de diálogo experimental con la naturaleza, que no supone una observación pasiva, sino práctica, se fue constituyendo en un postulado básico de la educación porfiriana en todos sus niveles.
Desde la escuela de párvulos se proponía la enseñanza de las ciencias físicas y naturales mediante un método llamado "lecciones de cosas" sobre los elementos de la realidad circundante del educando; en la instrucción primaria la materia se denominaba Elementos Usuales de Ciencias Físicas y Naturales; en la instrucción primaria para adultos, Nociones de Ciencias Físicas y Naturales; en la instrucción secundaria se estudiaban Elementos de Física, de Química y de Ciencias Biológicas durante los últimos tres años, cada una de ellas incluía horas de manipulaciones en gabinete; en la Escuela Normal también se estudiaba química y física en los tres últimos años de la carrera; en este caso la enseñanza se enfocaba a la aplicación de estas materias a la agricultura y a la industria. Los útiles eran una colección de instrumentos didácticos y de demostración que tenía por objeto ilustrar en forma clara y convincente fenómenos ya conocidos y explicados teóricamente.
Una de las características fundamentales del porfirismo, fue la paulatina centralización del poder y en general de los recursos económicos, a costa de las autonomías locales y estatales. Con una población mayoritariamente analfabeta, la preocupación central era organizar la instrucción elemental, y aunque los estudios profesionales también eran objeto de atención, éstos sólo alcanzaban a un sector minoritario el cual estaba llamado a instrumentar el progreso material de la sociedad.
En 1988 aparece la Ley de Instrucción Primaria, que exige
unificar la enseñanza elemental y confirma sus características de obligatoria y
gratuita.
El estado era el único con posibilidades económicas
suficientes para expandir la educación a los campesinos y a otros sectores
carentes de los recursos necesarios. La instrucción religiosa y las prácticas
oficiales de cualquier culto quedan prohibidas en todos los establecimientos de
la federación, de los estados y de los municipios, dice la ley.
Se trata de fundar la escuela nacional mexicana; de impartir
la enseñanza obligatoria, y de fijar por consiguiente, el mínimo de instrucción
que el estado tiene obligación de proporcionar a todos sus hijos, mínimo que
deben poseer para llenar sus deberes como hombres y como ciudadanos, y hacer
uso de los derechos que como tales les garantiza la constitución.
Se puede afirmar que ahí nació la escuela mexicana, con el
Congreso Constituyente de la Enseñanza de 1889.
Muy poco de lo aprobado en el Congreso Constituyente de la
Enseñanza pudo ser realizado durante el porfiriato a nivel nacional. Esto refleja los límites sociales del
régimen; sus logros fueron ciertamente sustantivos pero circunscritos al
Distrito Federal y a los centros urbanos de algunos estados; y aun en esas
zonas es difícil precisar su verdadero alcance.
Justino Fernández remplazó a Baranda en el Ministerio de
Educación Pública en 1901. Se pretendía,
que todo el sistema educativo estuviera orientado por un consejo, en el cual
tendrían cabida los distintos funcionarios de la educación. También se reglamento que la educación primaria
permanecería escalonada en elemental (con dos años de estudio) y en superior,
con cuatro. Se fijo como objetivo de esta última ampliar los conocimientos de
la primaria elemental y preparar para la
vida práctica a los alumnos que por variedad de motivos no lleguen a perseguir
las más altas investigaciones del saber humano.
Paralelamente, se estableció en la Normal la formación de
profesores tanto para el nivel elemental como el superior, con cuatro y seis
años de estudio respectivamente, lo más importante fue la diversificación y
autonomía del conjunto escolar central.
Después de Justino Fernández entra a dirigir la educación
Justo Sierra, este es el ideólogo de la burguesía porfiriana. Sierra se percató
de que la circunstancia mexicana comparada con las naciones civilizadas dejaba
mucho que desear, especialmente en el aspecto cultural. Se dio cuenta también
de que la paz impuesta por las armas si bien era necesaria como condición
previa para el progreso, era también insuficiente como punto de arranque: para
ello, debía de haber conciencia nacional ésta solo era posible formando la
conciencia nacional.
El 16 de Mayo de 1905 aparece la Ley del establecimiento de
la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes y su primer titular le
corresponde al Maestro Justo Sierra, organizador de dos congresos nacionales de
instrucción, en ellos se había reafirmado el derecho universal de la educación,
la necesidad de la educación para el progreso material y espiritual y la
responsabilidad del estado en materia de instrucción.
El impulso que Justo Sierra logró dar a la educación fue
eminentemente urbano; pero en este sector llegó hasta el límite estructural de
la desigualdad social; no pudo expandir la educación al campo. Pero su constante lucha en pro de la
educación debió contribuir a reafirmar la conciencia de la necesidad de llevar
la educación a todos los grupos.
Al inicio del porfiriato, la escolaridad ya había logrado un
nivel de 41 matriculados por cada mil habitantes. La fase inicial (1878-1900)
muestra una tasa de 3.2% anual de aumento y hace subir el nivel a 51
matriculados por cada mil habitantes. Es
en la fase final (1900-1907) el ritmo de escolaridad disminuye en 2.7% y el
nivel alcanza a elevarse a 59 matriculados por cada mil.
Durante el porfiriato la educación local se dejó bajo la
tutela de los ayuntamientos y gobiernos estatales, pero al mismo tiempo el
gobierno federal pretendió dirigir y controlar la educación elemental en todo
el país.
ESCUELAS EN PUEBLOS, HACIENDAS Y RANCHERÍAS MEXIQUENSES,
1876-1910
Algunos estados de la república le dieron prioridad a la
educación rural a pesar de que ésta generaba más gasto y esfuerzo sobre todo
para el profesorado y casi todos sostuvieron que mientras no se integrara la
población indígena a través de un sistema escolar bien reglamentado, México no
saldría de su atraso. La educación rural fue vista como el medio más práctico
para lograr la igualdad e integrar al indio a la sociedad.
En mayo de 1874 se promulgó la Ley de Instrucción Pública
que establecía la enseñanza primaria obligatoria y gratuita. Cada cabecera de
distrito, municipalidad o municipio debía contar con una escuela para niños y
otra para niñas. Se dispuso que veinte
alumnos fuera número suficiente para fundar una escuela, aunque se pensó que si
se alcanzaba esa cuota podían fundarse escuelas mixtas siempre y cuando los
niños no tuvieran más de diez años. Las poblaciones con más de 8000 habitantes
debían abrir establecimientos escolares de primera y segunda clases teniendo
las primeras un elenco de materias más completo.
Uno de los problemas más graves a los que se enfrento el
gobierno fue precisamente el de la falta de asistencia de los alumnos a la
escuela. Solo 30% de los niños en edad
escolar se inscribía y de estos desertaba aproximadamente la mitad. Era más
importante para los padres que los niños ayudaran en el trabajo de campo; el
mayor porcentaje de faltas coincidía precisamente con la época de siembra y la
cosecha.
En el campo de la educación, el gobernador Zubieta logró
conformar uno de los sistemas educativos más completos del país. Construyó las
bases del sistema que posteriormente desarrollaría con toda plenitud, uno de
los políticos más sobresalientes del estado José Vicente Villada.
La escuela de primera clase se encontraba en la capital del
estado y demás cabeceras de distrito; las de segunda en las cabeceras
municipales, y las de tercera en las demás localidades. Estas últimas podían
ser mixtas, es decir, los niños irían por la mañana y las niñas por la tarde. El
artículo 29 estipulaba que: “toda persona o corporación que tenga a su cargo
alguna empresa agrícola, industria o fabril en que empleare niños en edad
escolar que no hayan terminado su instrucción obligatoria, debe sostener una
escuela primaria elemental de tercera clase cuando menos, dejando a los
expresados niños tres horas como mínimo durante el día, para que puedan cumplir
con el precepto de la enseñanza obligatoria.
EL MAESTRO DE PRIMARIA EN LA REVOLUCIÓN MEXICANA
Entre los intelectuales que contribuyeron a los diversos y
frecuentemente dispersados movimientos revolucionarios de México de 1910 a
1917, sobresalieron definitivamente algunos licenciados y maestros de primaria.
Tal vez los más conocidos ejemplos de estos tipos sean el licenciado Luis Cabrera,
primer consejero político e ideólogo de Venustiano Carranza, distinguido
parlamentarista y en una ocasión ministro de hacienda de México, y el profesor
Otilio Montaño, maestro rural que escribió las principales partes del plan de
Ayala de Emiliano Zapata, solo para ser más tarde ejecutado como traidor
manifiesto a la causa zapatista (18 de mayo de 1917). Más éxito y ascendiente
tuvieron, por supuesto, el mismo licenciado Carranza y el maestro Plutarco
Elías Calles (presidente y padrino de presidentes de 1924 a 1934). Menos conocidos fueron numerosos maestros que
ayudaron a organizar la Casa del Obrero Mundial de los trabajadores
industriales entre 1911 y 1916.
Bulnes explicó que las tendencias revolucionarias de los
maestros de primaria en México provenían de su resentimiento por los bajos
salarios y su inferior categoría social. La cultura porfiriana rehusó dar al
maestro entrenado en la escuela normal, la misma categoría social otorgada al
licenciado, al ingeniero, clérico, o comerciante de buena reputación. Fue común
y corriente expresar del graduado de la escuela Normal que: este pobre hombre
debe ser excesivamente estúpido por haber quemado el aceite de su lámpara
estudiando tantos años para obtener un salario un poco más o aun menor, que
aquel que percibe un conductor de tranvía.
En la historia regional de San Luis Potosí fácilmente se
encuentran maestros de primaria revolucionarios; principales responsables de
las huelgas, su experiencia en la enseñanza les fue útil a los ojos de los
trabajadores quienes respetaban su inteligencia y sentían que eran uno de
ellos. Unos al combinar sus enseñanzas con la agitación política encontraron
muertes prematuras o fueron exiliados; otros se elevaron a rangos de
significado político y militar al hacer patentes sus radicales puntos de vista
en las convenciones políticas y constitucionales de 1914 y 1916.
Las remotas protestas en contra de la dictadura de Porfirio
Díaz, la ética puritana y el idealismo inalterable, la devoción de la reforma
educativa y agraria, la insistencia en las reformas socioeconómicas, el
desinterés en puestos políticos, la gravitación hacia la izquierda y la
identificación con las masas fueron elementos más o menos comunes a todos los
maestros de escuela que contribuyeron a la Revolución Mexicana. Cuando la lucha
hubo terminado y la constitución de 1917 fue promulgada, la importancia de esos
maestros decayó.
El Congreso por decreto del 30 de Mayo de 1911 autorizó al
Ejecutivo a establecer directamente en todos los pueblos de la República
escuelas de instrucción primaria. La escuela rural es un producto legítimo de
la Revolución Mexicana; apenas acababa de triunfar el movimiento social de 1910
cuando se fundaron las escuelas rudimentarias; que son los antecedentes
inmediatos de la gloriosa Escuela Rural Mexicana. Desde luego no se contó con
la aprobación de los patrones y, contra su voluntad, apenas simulaban dar
cumplimiento a las leyes de la revolución triunfante.
Rudimentarias se llamaron a las primeras escuelas del campo
porque efectivamente estaban consagradas a transmitir los rudimentos de la
cultura, o sea, dar los primeros pasos de la instrucción con programas
esenciales de castellanizar, alfabetizar y contar. Con solo la realización de
estos objetivos resultaba improcedente el mote de “escuelas de peor es nada”
con que injustamente se designó a aquellos modestos planteles. Todo principio
de cultura es una chispa que abre horizontes ilimitados.
El maestro rural mexicano era un hombre joven, entusiasta,
inteligente y decidido. No era un
profesional de la educación, pero entendía bien a que lo mandaban a la
comunidad, sabía y sentía cual era su responsabilidad, le preocupaban los
infantes que tenía a su cuidado, pero más que todo sentía que la comunidad toda
era su campo de acción. El maestro rural no había hecho ninguna carrera, pero
cuando le entregaban su nombramiento sentía que recibía el título más honroso,
la responsabilidad más grande. Su
inteligencia no era un caudal de teorías, sino una suma de voluntades y
espíritu de servicio, su capacidad para asimilarse a la comunidad.
Numerosos educadores, maestros, autoridades y público en general respondieron a la invitación de Pani de dar su opinión sobre las dificultades de la difusión de la enseñanza popular. El resultado fue la encuesta publicada en 1918. La percepción de la realidad producto de dicha encuesta hizo que los más importantes educadores, influyeran para que la escuela mexicana de los años veinte, particularmente la escuela rural, se centrara en el desarrollo de la comunidad y tuviera como objetivo más que “instruir” enseñar a “vivir”.
La Constitución de 1917 faculta al Congreso para establecer
escuelas de sostenimiento federal en toda la República así como para legislar y
ejercer plena jurisdicción en estas escuelas, también suprime la Secretaría de
Instrucción Pública y Bellas Artes encomendando la educación elemental a los
ayuntamientos y creando la Dirección General de Educación para las escuelas del
Distrito Federal, sin embargo, pronto se vio la necesidad de centralizar de
nuevo las actividades de la educación
Durante el interinato de Adolfo de la Huerta en 1920, en el
proyecto de creación de una Secretaría de Educación Pública con jurisdicción
federal, presentado en octubre de 1920 por José Vasconcelos, para entonces
rector de la Universidad de México, se mencionaba brevemente la implantación de
escuelas especiales de indios en todas las regiones pobladas por indígenas y en
las cuales se enseñara el castellano con rudimentos de higiene y economía, lecciones de cultivo y de
aplicación de máquinas a la agricultura.
El 28 de Septiembre de 1921 se creó la Secretaría de
Educación Pública. Las disposiciones de la SEP dieron carta blanca a los
integrantes de las brigadas para convertirse en abanderados de una noble causa;
denunciar las condiciones de vida y de explotación de los indígenas y para
intervenir, las más de las veces justificadamente, en asuntos que iban más allá
de sus tareas tradicionales. De la misma manera, los maestros fundadores se
estrecharon con los problemas de las comunidades indígenas.
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