Saturday, March 30, 2013

Breve historia de la educación en México parte 2/4


Ya en el siglo XVIII el pensamiento ilustrado mexicano había empezado a considerar la educación como un instrumento de mejoramiento material del país y como modelador de ciudadanos leales. Para el momento de la independencia la urgencia de la educación del pueblo estaban presentadas ante las Cortes de Cádiz. Predominaba la idea de “sin instrucción no hay libertad”. Sin embargo, la situación social y política de caos que existía por todo el país, obstaculizo el progreso en la educación del pueblo.

La lucha por educar a las masas y preparar un hombre digno de tomar su lugar en la nueva sociedad tropezaba con cada revuelta militar y cambios de gobierno. Existía un abismo entre los hombres públicos y el modelo de ciudadano respetuoso, honrado y obediente prototipo del periodo. Durante estas décadas de militarismo, los nuevos héroes aturdían con el brillo de sus uniformes y no se fijaban demasiado en los refinamientos académicos; Santa Anna y sus compañeros o contrincantes de armas apenas tenían la instrucción primaria y se preocupaban más por los negocios que por los estudios.

El instituto de ciencias y artes es fundado en Oaxaca en 1826, como resultado de las normas educativas fijadas en la constitución.

Mora reconoció el plan de reforma presentado por Lucas Alamán en 1830. Habría dividido la instrucción en cuatro ramas; se introducirían nuevas materias y se suprimirían las inútiles cátedras de teología. Creía que la instrucción general era “uno de los más poderosos medios de prosperidad” debía fomentarse y superar la idea de enseñar simplemente a leer y a escribir, pues se necesitaba proporcionar educación moral y política. De aquí la necesidad de una nueva independencia.

El objetivo central de esta revolución ideológica del liberalismo es modernizar a México. Según Mora, es la necesidad de extender a la sociedad las revoluciones mentales, y por ende, modificar las opiniones de todo el pueblo y no de unos cuantos. En los colegios solo se forman hombres teóricos, ajenos a su realidad. Hombres incapaces de enfrentarse a los problemas que la misma podía presentarles. Educación enemiga de todo cambio. Individuos incapaces de transformar su realidad, apegados a viejas costumbres y tradiciones, sin criterio alguno para examinar y adaptarse a nuevas circunstancias.

En 1833, durante el primer periodo de gobierno del Presidente Antonio López de Santa Anna, quien ocupó la presidencia en varios periodos (1833-1855), se intentó la primera reforma liberal para secularizar la educación, nacionalizar el clero, y suprimir congregaciones religiosas. La exclusión del clero en la enseñanza se inició al cerrar el Colegio de Santa María de Todos Santos y la Universidad, cuya capilla fue alquilada a una pulquería.

La reforma de 1833-1834 piedra angular del nuevo edificio liberal, durante el gobierno interino de Gómez Farias, consistió en tres importantes modificaciones legislativas: a) la reforma eclesiástica que subordina el clero al gobierno; la secularización de algunos bienes de la iglesia; la supresión de la coacción civil para el cumplimiento de votos religiosos y para el pago de diezmos, entre otros aspectos; b) la reforma militar que sustituía al ejercito por una Guardia Nacional y c) la reforma educativa.

En esta Reforma, consideraba que "la instrucción del niño es la base de la ciudadanía y de la moral social", se sentaron las bases fundamentales de las futuras políticas en materia educativa.

Por decreto se clausuró la Real y Pontificia Universidad de México, fechado en la ciudad de México el 21 de octubre de 1833 y se establece una dirección general de instrucción pública, para el Distrito y Territorios de la Federación. Sus funciones eran: nombrar profesores, hacer reglamentos, elegir los libros de texto, etc. Esta dirección se compondrá del vicepresidente de la República y seis directores nombrados por el gobierno. La dirección tendrá a su cargo todos los establecimientos públicos de enseñanza, los depósitos de los monumentos de artes, antigüedades e historia natural, los fondos públicos consignados a la enseñanza, y todo lo perteneciente a la instrucción pública pagada por el gobierno.

La dirección cuidará las escuelas de primera enseñanza que se paguen de los fondos del común.
           
La educación se declaro libre y la educación superior quedó organizada en seis establecimientos.

Primer establecimiento: Estudios preparatorios.
Cátedras: Primera y segunda de Latinidad, una de lengua Mexicana, una de Tarasco, una de Otomí, una de Francés, una de Inglés, una de Alemán, una de Griego, una de principios de lógica, aritmética, álgebra y geometría, una de teología natural, reumatología y fundamentos filosóficos de la religión.
Este establecimiento se situará provisionalmente en el antiguo hospital de Jesús.

Segundo establecimiento: Estudios ideológicos y humanidades
Cátedras: Una de ideología en todas sus ramas, una de moral natural, una de economía política y estadística del país, una de literatura general y particular, una de historia antigua y moderna.
Este establecimiento se situará por ahora en el convento de San Camilo.

Tercer establecimiento: Ciencias Físicas y Matemáticas
Cátedras: Dos de matemáticas puras, una de física, una de Historia natural, una de química, una de cosmografía, astronomía y geografía, una de geología, una de mineralogía, una de Francés, una de Alemán.
Este establecimiento se situará en el seminario de Minería.

Cuarto establecimiento: Ciencias médicas
Cátedras: Una de anatomía general descriptiva y patológica, una de fisiología e higiene, primera y segunda de patología interna y externa, una de materia  médica,  primera y segunda de clínica interna y externa,  una de operaciones y obstetricia, una de medicina legal, una de farmacia teórica y práctica.
Este establecimiento se situará en el convento de Belén.

Quinto establecimiento: Jurisprudencia
Cátedras: Primera y segunda de Latinidad, una de idioma Mexicano, una de Otomí, una de historia sagrada del antiguo y nuevo Testamento, una de fundamentos teológicos de la religión, una de exposición de la Biblia, una de concilios, padres y escritores eclesiásticos, una de teología práctica o moral cristiana.
Este establecimiento se situará por ahora en el colegio de Letrán.

A más de estos establecimientos, habrá por separado en el Hospicio y huerta de Santo Tomás las cátedras de botánica, una de agricultura práctica, una de química aplicada a las artes.

Fuera de ellos, la enseñanza de todas clases de artes y ciencias es libre en el Distrito y Territorios. En uso de esta libertad puede toda persona a quien las leyes no se lo prohíban, abrir una escuela pública del ramo que quisiere, sujetándose a los reglamentos generales que se dieren sobre la materia.

Y el 26 de octubre de 1833, se previno el establecimiento de dos escuelas normales, una para varones y para mujeres la otra.

El programa de la administración Farías abraza los principios siguientes:
Mejora del estado moral de las clases populares, por la destrucción del monopolio del clero en la educación pública, por la difusión de los medios de aprender, y la inculcación de los deberes sociales, por la formación de museos, conservatorios de artes y bibliotecas públicas, y por la creación de establecimientos de enseñanza para la literatura clásica, de las ciencias, y la moral.

En estas condiciones, la comisión determino tres principios rectores: 1° Destruir cuanto era inútil o perjudicial a la educación y enseñanza; 2° Establecer ésta en conformidad con las necesidades determinadas por el nuevo estado social; y 3° Difundir entre las masas los medios más precisos e indispensables de aprender.

Ahora bien, por la ley de 12 de octubre de 1833 se extingue el Colegio de Santa María de Todos Santos, previniéndose que el gobierno hará que las fincas y rentas de dicho colegio se administre independientemente de los demás ramos de hacienda, y se inviertan en los gastos de educación. El 27, se expide el decreto que suprime la obligación civil de pagar el diezmo (es decir, el diez por ciento de los ingresos de todo individuo) a la Iglesia católica.

El gobierno mexicano procuró fomentar actividades culturales que dieran mayor brillo a su renombre internacional, y que le permitiera presentar al país como nación culta o en camino de serlo. Entre otras, en 1833 dictó providencias para establecer la Biblioteca Nacional y el Instituto de geografía y Estadística. Reunió estadísticas y el gobierno, que siempre lamentó el nivel cultural del país, quedó encantado con los trabajos del instituto. Aunque dejó de existir a los pocos años, el gobierno público posteriormente una memoria con el resultado de sus trabajos en 1846.

Los informes presentados a la Dirección General de Instrucción Pública en abril de 1834 nos indican que el rejuvenecimiento de la educación tuvo proporciones modestas. Manuel Eduardo de Gorostiza, secretario, informo que lo ingresos ascendían a 223 830 pesos, y 334 alumnos se inscribieron en 47 cursos.

Sin embargo, el presidente Santa Anna, el 31 de julio de 1834 y en nombre del progreso derogaba las reformas. En lugar de la Dirección se nombraba la Junta Provisional compuesta por los rectores de los colegios, que formularia el  plan de  enseñanza del 12 de noviembre de 1834. Se restablecía la Universidad y el antiguo orden; además, se establecieron las Bases Constitucionales o Siete Leyes que dejaba en manos de las juntas departamentales la iniciativa de leyes relativas a la educación y el establecimiento de escuelas de primeras letras.


El deseo de hacer algo por el indio

El deseo de hacer algo por el indio estaba presente ya en la legislación de las Cortes de Cádiz. Inclusive se decretó darles becas de estudios a los indios. Era fácil idealizar al lejano indio precolombino y había, además, poderosas razones políticas para hacerlo. Se prestaba legitimidad a los movimientos independistas que querían hacer creer que la soberanía radicaba en el pueblo, es decir, en los pobladores originales de las tierras mexicanas.

Para los gobernantes del México independiente, el indio era un recuerdo estorboso de tiempos pasados, si no había manera de hacerles desaparecer, se les  podría relegar, siempre y cuando no causara problemas a la república. Esto se lograría con la enseñanza del catecismo religioso y civil, que explicaban al educando sus derechos y obligaciones como cristiano y como ciudadano.

Se decía que al indio había que educarlo para que se le quitaran todos sus vicios. El alcohol en exceso dejaba a las comunidades aisladas de los saludables efectos de la ilustración, aunque no se quejaban de los que lo suministraba a cambio de buenas ganancias. El vicario de Chamula. Chiapas, se lamentaba en 1830 de que las 12000 almas de esa zona, segregadas en siete pueblos, son gobernados por ayuntamientos de puros indígenas, entre quienes si apenas se encuentra u escribiente con el nombre de secretario que sepa leer y escribir; no hay otro elemento que los haga capaces del cumplimiento de las leyes y deberes que ellas imponen.

La guerra de independencia no significó la puesta en práctica de las metas acordadas en Cádiz.  Al contrario, al cumplir la primera década de autonomía de la madre patria, el balance educativo para los indígenas fue desfavorable.  La independencia política no había favorecido a los indios en absoluto; de hecho su situación era mucho más lastimosa que durante la colonia porque ahora, aparte de acusarlos de ignorantes, se les despreciaba por no formar parte de la economía capitalista que tanto promovían los ilustrados e incipientes industrialistas del país.  En los pueblos de población mixta veracruzana, se abrían escuelas con cargo al erario del estado, pero en los pueblos puramente de indígenas “se cobraría un tributo a casados, viudos y solteros para pagar a un doctrinero que enseñaría el catecismo de Ripalda”.

Desde luego estas actitudes no mejoraron las relaciones entre las razas y a partir del decenio de 1840 se incendió el país con la guerra de castas.  En Querétaro, la pobreza y el resentimiento preocupaban al gobierno que no encontraba la manera de someter al orden a los pueblos indígenas.

Las guerras de castas, que estallaron en varias partes de la república, recordaron a la clase  gobernante y a los habitantes de las ciudades que la numéricamente poderosa población indígena no estaba tan sumisa como habían creído.  Esto les obligó a pensar en un tema legalmente ignorado, la instrucción indígena más allá de la enseñanza de la doctrina.  Asignaron a las letras un papel sobresaliente en la conservación de la paz social.

No obstante, las ordenanzas de escuelas de primeras letras de 1840 dictaban que, por lo menos, se debía dedicar una hora a la enseñanza de la doctrina cristiana. A mediados del siglo XIX, en la entidad se patrocinaron clases dominicales para adultos analfabetas.
Santa Anna nacionalizó los colegios superiores en 1843. Gracias a esta medida logró tenerlos bajo sumando, con la ventaja de que su secretario de Instrucción  Pública podía escoger su personal, aprobar el presupuesto, dictaminar sobre los libros de texto y establecer los cursos. Con anterioridad Santa Ana decretó un plan de estudios para todo el país, cuya meta era hacer cursar a los aspirantes de abogado, médico y sacerdote una misma preparación antes de pasar a sus cursos profesionales.

Manuel Baranda secretario de Instrucción Pública, logró que Santa Ana aceptara las siguientes materias preparatorias: gramática castellana, latina, francesa e inglesa, ideología, lógica, metafísica y moral, matemáticas, física, cosmografía, geografía y cronología, todas a nivel elemental. Los estudiantes tenían que cursar además economía política y dibujo natural y lineal. La intención era dar al joven una preparación más amplia para ayudarlo a enfrentarse a la vida moderna.

En marzo de 1853 se decretó que en todas las escuelas  precisa e indispensablemente, sin que ninguno de los maestros pueda eximirse, bajo pena de cerrarle el establecimiento, doctrina cristiana por el catecismo del padre Ripalda, rezándola los niños todos los días, cuando menos media hora por la mañana y media hora por la tarde. Los centros de estudio sigue siendo un importante centro transmisor de valores religiosos y el catecismo siguió siendo el común denominador de la instrucción primaria.

Desde 1861, Juárez había promulgado una ley de educación (15 de abril), en la cual se reflejaba  la convicción de que el gobierno tenía que controlar este medio insustituible de formación de ciudadanos. La instrucción primaria, en el distrito y territorios, queda bajo la inspección federal, la que abrirá escuelas para niños de ambos sexos, y auxiliará con sus fondos las que se sostengan por sociedades de beneficencia  y por las municipalidades, a efecto de que se sujeten todas al presente plan de estudios... El mismo gobierno federal sostendrá en los Estados profesores para niños y niñas, que se destinarán a la enseñanza elemental en los pueblos cortos que carezcan de escuela.

La ley orgánica de Instrucción Pública establecía la instrucción primaria “gratuita para los pobres y obligatoria”. Y excluía toda enseñanza religiosa del plan de estudios. Curiosamente, con excepción de la escuela de sordomudos, que si enseñaban catecismo y “principios religiosos”.

Los integrantes de la República Restaurada veían la importancia de educar a los indígenas. Su ambición  suprema era arrancarlos de las garras de la iglesia, para lo cual  nuevamente no había sino un camino: la escuela. Los indígenas, decía Ramírez “nada saben y solo sirven de labradores o de soldados; los que entre ellos se levantan sobre su clase,  forman excepciones marcadas. Sus costumbres son humildes, sus necesidades escasas, sus idiomas producen el aislamiento... para contar con ellos como ciudadanos hemos de comenzar hacerlos hombres”.

Las desventajas que los indígenas debían superar según Ignacio Ramírez eran que fuera de los conocimientos elementales, como la lectura, escritura, aritmética, álgebra, Geometría, Dibujo, Canto y Gimnasia, los indígenas deben conocerse a sí mismo y tener nociones exactas sobre todo de lo que les rodea, no como sabios, sino como hombres bien educados, responsables de sus acciones y miembros de una planta, de la tierra, del cielo, de la nación a la que pertenecen; esto es, anatomía, botánica, geología, geografía, astronomía y las leyes generales y las de su municipio. La situación era lamentable, según una descripción de él mismo: “rompen el alambre telegráfico para ver salir la palabra; en los periódicos descubres solamente viñetas; el ferrocarril y los grandes buques causan miedo; en las elecciones ven una especie de leva... para contar con ellos como ciudadanos, tenemos necesidad de comenzar por hacerlos hombres”. Ramírez les dejaría a los indígenas sus trajes, costumbres e idiomas, pero les exigiría participar plenamente en la vida moderna, en la industria, la agricultura, en el comercio, en la política y en el teatro de la civilización  el progreso.

Fueron también los liberales los que empezaron a dar un impulso importante a la educación femenina, aunque se limitaban las materias de enseñanza; por ejemplo,  se excluía el civismo, es decir, la preparación en los deberes ciudadanos. Díaz Covarrubias hacía ver la conveniencia de instruir a la mujer entendiéndola  como necesaria a cualquier humano. La educación, decía, es de tal naturaleza que pude considerarse esencial para complementar a todo ser humano...la instrucción primaria es como la materia prima para discurrir y para conducirse en el mundo y debe estar igualmente a disposición del hombre que de la mujer. Ignacio Ramírez consideraba que ya que la mujer tenía la “personalidad religiosa y la civil, y solo le faltaba la política”, tenía que educarse, no solo para defender sus intereses, sino por la  influencia que forzosamente tenía en la educación infantil. La instrucción de la mujer tiene una misión de primera importancia en las relaciones sociales... la instrucción  pública, científica, positiva, no será general y perfecta sino cuando comience en la familia.

Se organizo además, la Biblioteca Nacional, instituciones de enseñanza secundaria masculina y femenina, la Escuela Nacional Preparatoria, la Escuela de Medicina, cirugía y Farmacia, las escuelas de Jurisprudencia de Ingenieros, de Agricultura y Veterinaria; también para estas fechas la política educativa denotaba cierta flexibilidad para que cada Estado de la república ajustase los criterios legislativos locales y sus recursos disponibles a la educación publica respectiva, esta medida traería como consecuencia una enfática diferencia entre los servicios educativos mas favorecidos por el desarrollo.

El 15 de mayo de 1869 aparecía la reforma a la ley orgánica de instrucción pública. La obligatoriedad era sumamente importante, ya que entre las clases sociales de inferior posición, por poco ilustrados, lejos de ser general y espontáneo el deseo de educar a los hijos, se necesita de alguna coacción y de la vigilancia de la sociedad misma...este hecho, bien comprobado ya, justifica por si solo, el principio de obligación para adquirir la instrucción primaria.


EDUCACIÓN ELEMENTAL EN EL PORFIRIATO
           
Al  iniciarse la vida independiente existían en el país alrededor de 30000 alfabetos de un total de 4800000 adultos, es decir, que el porcentaje de analfabetos era de 99.38% contra un 0.6 de alfabetizados. 

En 1870 había ya cerca de 4000 escuelas primarias y aparecieron mil más en el año siguiente.  Cuatro años más tarde el número había ascendido a un total de 8103 establecimientos, con una población escolar de 34900 alumnos; de las cuales, 5567 eran para niños, 1594 para niñas, 548 mixtas, 124 para adultos, 21 para adultas y 249 sin clasificación.  El 65% de esas escuelas eran sostenidos por los municipios, el 7% la federación y el 28% por particulares (117 por el clero católico u otras asociaciones religiosas).  En 1878, el porcentaje de escuelas oficiales con relación a las demás era de 89%.  De lo anterior se sigue que el ritmo de incremento de los establecimientos escolares fue muy acelerado y que las escuelas municipales crecieron más rápidamente que las federales. No obstante, fue un esfuerzo minúsculo para las necesidades de la república.

La reforma educativa emprendida por Juárez y continuada por Lerdo constituye el punto de partida del proceso educativo del Porfiriato. Esa reforma establece la gratuidad de la enseñanza, especialmente para los niños pobres, con fondos municipales o con fondos de los dueños de fincas y haciendas; la obligatoriedad de la instrucción, y en cuanto a la orientación teórica, se inclino decididamente por un laicismo positivista. 

En 1880, el entonces secretario de Justicia e Instrucción, Ezequiel Montes, expidió un decreto que atacaba la instrucción positivista y ordenaba el cambio del libro de lógica de los positivistas Stuart Mills y Vain, por el de Tiberghien, discípulo de Krause.

En la escuela las nociones, conceptos y esquemas lógicos se aprenden primero en teoría, en los talleres artesanales se fundaba en la práctica. En la Puebla porfiriana, la enseñanza de las artes y oficios retomó la experiencia del taller artesanal y pretendió sistematizar sus prácticas de antaño en el espacio socializado de la escuela, el gobernador del Estado, general Rosendo Márquez, nombró una comisión para establecer la Escuela de Artes y Oficios del Estado.
           
Hacia 1881 se suprimió los cursos de rendimientos de física y de artes en el nivel primario.

Durante el siglo XIX, el esfuerzo científico en México se realizó en los campos de la biología, la medicina y la mineralogía. La dirección del conocimiento estableció como derrotero la ciencia, porque se creía firmemente en que las ciencias son exactas y ordenan la mente, mientras que el conocimiento humanístico divaga.

El 15 de septiembre de 1885, da inicio a los trabajos para el establecimiento de la Escuela de Artes y Oficios de Puebla, la cual inició sus trabajos bajo los mejores augurios, ofreciendo una enseñanza práctica que intentaba, por un lado, subsanar las deficiencias del sistema de instrucción elemental y, por otro, hacía posible una rápida incorporación al mundo del trabajo bajo las nuevas condiciones que exigía el mundo moderno.

Los planes de estudio, de acuerdo con la influencia positivista, tenían una base científica en la que aparecieron las matemáticas, la física, la cosmografía, la química y la mecánica, pues se pretendía que su aprendizaje dotara al alumno de los instrumentos de análisis aplicables a todas las esferas de la vida. Los métodos de enseñanza privilegiaron la observación directa de los objetos empleando el método analítico, la calidad, la cantidad, las relaciones de los objetos entre sí y la experimentación como únicas fuentes posibles del saber; por eso los laboratorios eran indispensables para la comprobación de los preceptos científicos, cada tema debía ser experimentado en los aparatos del gabinete respectivo, pues la pretensión era poner la realidad ante los ojos del alumno. Esta especie de diálogo experimental con la naturaleza, que no supone una observación pasiva, sino práctica, se fue constituyendo en un postulado básico de la educación porfiriana en todos sus niveles.

Desde la escuela de párvulos se proponía la enseñanza de las ciencias físicas y naturales mediante un método llamado "lecciones de cosas" sobre los elementos de la realidad circundante del educando; en la instrucción primaria la materia se denominaba Elementos Usuales de Ciencias Físicas y Naturales; en la instrucción primaria para adultos, Nociones de Ciencias Físicas y Naturales; en la instrucción secundaria se estudiaban Elementos de Física, de Química y de Ciencias Biológicas durante los últimos tres años, cada una de ellas incluía horas de manipulaciones en gabinete; en la Escuela Normal también se estudiaba química y física en los tres últimos años de la carrera; en este caso la enseñanza se enfocaba a la aplicación de estas materias a la agricultura y a la industria. Los útiles eran una colección de instrumentos didácticos y de demostración que tenía por objeto ilustrar en forma clara y convincente fenómenos ya conocidos y explicados teóricamente.

Una de las características fundamentales del porfirismo, fue la paulatina centralización del poder y en general de los recursos económicos, a costa de las autonomías locales y estatales.  Con una población mayoritariamente analfabeta, la preocupación central era organizar la instrucción elemental, y aunque los estudios profesionales también eran objeto de atención, éstos sólo alcanzaban a un sector minoritario el cual estaba llamado a instrumentar el progreso material de la sociedad.

En 1988 aparece la Ley de Instrucción Primaria, que exige unificar la enseñanza elemental y confirma sus características de obligatoria y gratuita.

El estado era el único con posibilidades económicas suficientes para expandir la educación a los campesinos y a otros sectores carentes de los recursos necesarios. La instrucción religiosa y las prácticas oficiales de cualquier culto quedan prohibidas en todos los establecimientos de la federación, de los estados y de los municipios, dice la ley.

Se trata de fundar la escuela nacional mexicana; de impartir la enseñanza obligatoria, y de fijar por consiguiente, el mínimo de instrucción que el estado tiene obligación de proporcionar a todos sus hijos, mínimo que deben poseer para llenar sus deberes como hombres y como ciudadanos, y hacer uso de los derechos que como tales les garantiza la constitución.

Se puede afirmar que ahí nació la escuela mexicana, con el Congreso Constituyente de la Enseñanza de 1889.

Muy poco de lo aprobado en el Congreso Constituyente de la Enseñanza pudo ser realizado durante el porfiriato a nivel nacional.  Esto refleja los límites sociales del régimen; sus logros fueron ciertamente sustantivos pero circunscritos al Distrito Federal y a los centros urbanos de algunos estados; y aun en esas zonas es difícil precisar su verdadero alcance.

Justino Fernández remplazó a Baranda en el Ministerio de Educación Pública en 1901.  Se pretendía, que todo el sistema educativo estuviera orientado por un consejo, en el cual tendrían cabida los distintos funcionarios de la educación.  También se reglamento que la educación primaria permanecería escalonada en elemental (con dos años de estudio) y en superior, con cuatro. Se fijo como objetivo de esta última ampliar los conocimientos de la primaria  elemental y preparar para la vida práctica a los alumnos que por variedad de motivos no lleguen a perseguir las más altas investigaciones del saber humano.

Paralelamente, se estableció en la Normal la formación de profesores tanto para el nivel elemental como el superior, con cuatro y seis años de estudio respectivamente, lo más importante fue la diversificación y autonomía del conjunto escolar central.

Después de Justino Fernández entra a dirigir la educación Justo Sierra, este es el ideólogo de la burguesía porfiriana. Sierra se percató de que la circunstancia mexicana comparada con las naciones civilizadas dejaba mucho que desear, especialmente en el aspecto cultural. Se dio cuenta también de que la paz impuesta por las armas si bien era necesaria como condición previa para el progreso, era también insuficiente como punto de arranque: para ello, debía de haber conciencia nacional ésta solo era posible formando la conciencia nacional.

El 16 de Mayo de 1905 aparece la Ley del establecimiento de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes y su primer titular le corresponde al Maestro Justo Sierra, organizador de dos congresos nacionales de instrucción, en ellos se había reafirmado el derecho universal de la educación, la necesidad de la educación para el progreso material y espiritual y la responsabilidad del estado en materia de instrucción.

El impulso que Justo Sierra logró dar a la educación fue eminentemente urbano; pero en este sector llegó hasta el límite estructural de la desigualdad social; no pudo expandir la educación al campo.  Pero su constante lucha en pro de la educación debió contribuir a reafirmar la conciencia de la necesidad de llevar la educación a todos los grupos.

Al inicio del porfiriato, la escolaridad ya había logrado un nivel de 41 matriculados por cada mil habitantes. La fase inicial (1878-1900) muestra una tasa de 3.2% anual de aumento y hace subir el nivel a 51 matriculados por cada mil habitantes.  Es en la fase final (1900-1907) el ritmo de escolaridad disminuye en 2.7% y el nivel alcanza a elevarse a 59 matriculados por cada mil.
Durante el porfiriato la educación local se dejó bajo la tutela de los ayuntamientos y gobiernos estatales, pero al mismo tiempo el gobierno federal pretendió dirigir y controlar la educación elemental en todo el país.


ESCUELAS EN PUEBLOS, HACIENDAS Y RANCHERÍAS MEXIQUENSES, 1876-1910
Algunos estados de la república le dieron prioridad a la educación rural a pesar de que ésta generaba más gasto y esfuerzo sobre todo para el profesorado y casi todos sostuvieron que mientras no se integrara la población indígena a través de un sistema escolar bien reglamentado, México no saldría de su atraso. La educación rural fue vista como el medio más práctico para lograr la igualdad e integrar al indio a la sociedad.

En mayo de 1874 se promulgó la Ley de Instrucción Pública que establecía la enseñanza primaria obligatoria y gratuita. Cada cabecera de distrito, municipalidad o municipio debía contar con una escuela para niños y otra para niñas.  Se dispuso que veinte alumnos fuera número suficiente para fundar una escuela, aunque se pensó que si se alcanzaba esa cuota podían fundarse escuelas mixtas siempre y cuando los niños no tuvieran más de diez años. Las poblaciones con más de 8000 habitantes debían abrir establecimientos escolares de primera y segunda clases teniendo las primeras un elenco de materias más completo.

Uno de los problemas más graves a los que se enfrento el gobierno fue precisamente el de la falta de asistencia de los alumnos a la escuela.  Solo 30% de los niños en edad escolar se inscribía y de estos desertaba aproximadamente la mitad. Era más importante para los padres que los niños ayudaran en el trabajo de campo; el mayor porcentaje de faltas coincidía precisamente con la época de siembra y la cosecha.

En el campo de la educación, el gobernador Zubieta logró conformar uno de los sistemas educativos más completos del país. Construyó las bases del sistema que posteriormente desarrollaría con toda plenitud, uno de los políticos más sobresalientes del estado José Vicente Villada.

La escuela de primera clase se encontraba en la capital del estado y demás cabeceras de distrito; las de segunda en las cabeceras municipales, y las de tercera en las demás localidades. Estas últimas podían ser mixtas, es decir, los niños irían por la mañana y las niñas por la tarde. El artículo 29 estipulaba que: “toda persona o corporación que tenga a su cargo alguna empresa agrícola, industria o fabril en que empleare niños en edad escolar que no hayan terminado su instrucción obligatoria, debe sostener una escuela primaria elemental de tercera clase cuando menos, dejando a los expresados niños tres horas como mínimo durante el día, para que puedan cumplir con el precepto de la enseñanza obligatoria.

EL MAESTRO DE PRIMARIA EN LA REVOLUCIÓN MEXICANA
Entre los intelectuales que contribuyeron a los diversos y frecuentemente dispersados movimientos revolucionarios de México de 1910 a 1917, sobresalieron definitivamente algunos licenciados y maestros de primaria. Tal vez los más conocidos ejemplos de estos tipos sean el licenciado Luis Cabrera, primer consejero político e ideólogo de Venustiano Carranza, distinguido parlamentarista y en una ocasión ministro de hacienda de México, y el profesor Otilio Montaño, maestro rural que escribió las principales partes del plan de Ayala de Emiliano Zapata, solo para ser más tarde ejecutado como traidor manifiesto a la causa zapatista (18 de mayo de 1917). Más éxito y ascendiente tuvieron, por supuesto, el mismo licenciado Carranza y el maestro Plutarco Elías Calles (presidente y padrino de presidentes de 1924 a 1934).  Menos conocidos fueron numerosos maestros que ayudaron a organizar la Casa del Obrero Mundial de los trabajadores industriales entre 1911 y 1916.

Bulnes explicó que las tendencias revolucionarias de los maestros de primaria en México provenían de su resentimiento por los bajos salarios y su inferior categoría social. La cultura porfiriana rehusó dar al maestro entrenado en la escuela normal, la misma categoría social otorgada al licenciado, al ingeniero, clérico, o comerciante de buena reputación. Fue común y corriente expresar del graduado de la escuela Normal que: este pobre hombre debe ser excesivamente estúpido por haber quemado el aceite de su lámpara estudiando tantos años para obtener un salario un poco más o aun menor, que aquel que percibe un conductor de tranvía.

En la historia regional de San Luis Potosí fácilmente se encuentran maestros de primaria revolucionarios; principales responsables de las huelgas, su experiencia en la enseñanza les fue útil a los ojos de los trabajadores quienes respetaban su inteligencia y sentían que eran uno de ellos. Unos al combinar sus enseñanzas con la agitación política encontraron muertes prematuras o fueron exiliados; otros se elevaron a rangos de significado político y militar al hacer patentes sus radicales puntos de vista en las convenciones políticas y constitucionales de 1914 y 1916.

Las remotas protestas en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, la ética puritana y el idealismo inalterable, la devoción de la reforma educativa y agraria, la insistencia en las reformas socioeconómicas, el desinterés en puestos políticos, la gravitación hacia la izquierda y la identificación con las masas fueron elementos más o menos comunes a todos los maestros de escuela que contribuyeron a la Revolución Mexicana. Cuando la lucha hubo terminado y la constitución de 1917 fue promulgada, la importancia de esos maestros decayó. 

El Congreso por decreto del 30 de Mayo de 1911 autorizó al Ejecutivo a establecer directamente en todos los pueblos de la República escuelas de instrucción primaria. La escuela rural es un producto legítimo de la Revolución Mexicana; apenas acababa de triunfar el movimiento social de 1910 cuando se fundaron las escuelas rudimentarias; que son los antecedentes inmediatos de la gloriosa Escuela Rural Mexicana. Desde luego no se contó con la aprobación de los patrones y, contra su voluntad, apenas simulaban dar cumplimiento a las leyes de la revolución triunfante.

Rudimentarias se llamaron a las primeras escuelas del campo porque efectivamente estaban consagradas a transmitir los rudimentos de la cultura, o sea, dar los primeros pasos de la instrucción con programas esenciales de castellanizar, alfabetizar y contar. Con solo la realización de estos objetivos resultaba improcedente el mote de “escuelas de peor es nada” con que injustamente se designó a aquellos modestos planteles. Todo principio de cultura es una chispa que abre horizontes ilimitados.

El maestro rural mexicano era un hombre joven, entusiasta, inteligente y decidido.  No era un profesional de la educación, pero entendía bien a que lo mandaban a la comunidad, sabía y sentía cual era su responsabilidad, le preocupaban los infantes que tenía a su cuidado, pero más que todo sentía que la comunidad toda era su campo de acción. El maestro rural no había hecho ninguna carrera, pero cuando le entregaban su nombramiento sentía que recibía el título más honroso, la responsabilidad más grande.  Su inteligencia no era un caudal de teorías, sino una suma de voluntades y espíritu de servicio, su capacidad para asimilarse a la comunidad.

Numerosos educadores, maestros, autoridades y público en general respondieron a la invitación de Pani de dar su opinión sobre las dificultades de la difusión de la enseñanza popular. El resultado fue la encuesta publicada en 1918. La percepción de la realidad producto de dicha encuesta hizo que los más importantes educadores, influyeran para que la escuela mexicana de los años veinte, particularmente la escuela rural, se centrara en el desarrollo de la comunidad y tuviera como objetivo más que “instruir” enseñar a “vivir”. 

La Constitución de 1917 faculta al Congreso para establecer escuelas de sostenimiento federal en toda la República así como para legislar y ejercer plena jurisdicción en estas escuelas, también suprime la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes encomendando la educación elemental a los ayuntamientos y creando la Dirección General de Educación para las escuelas del Distrito Federal, sin embargo, pronto se vio la necesidad de centralizar de nuevo las actividades de la educación

Durante el interinato de Adolfo de la Huerta en 1920, en el proyecto de creación de una Secretaría de Educación Pública con jurisdicción federal, presentado en octubre de 1920 por José Vasconcelos, para entonces rector de la Universidad de México, se mencionaba brevemente la implantación de escuelas especiales de indios en todas las regiones pobladas por indígenas y en las cuales se enseñara el castellano con rudimentos de  higiene y economía, lecciones de cultivo y de aplicación de máquinas a la agricultura. 

El 28 de Septiembre de 1921 se creó la Secretaría de Educación Pública. Las disposiciones de la SEP dieron carta blanca a los integrantes de las brigadas para convertirse en abanderados de una noble causa; denunciar las condiciones de vida y de explotación de los indígenas y para intervenir, las más de las veces justificadamente, en asuntos que iban más allá de sus tareas tradicionales. De la misma manera, los maestros fundadores se estrecharon con los problemas de las comunidades indígenas.