LAS REFORMAS BORBÓNICAS.
Por Alejandro Valdés Hernández.
Lo
recuerdo como si hubiese sido ayer, para muchos era un día como cualquier otro,
pero el virrey y yo sabíamos que era el principio del fin. Este 18 de julio de
1765 será un día que se recordará en la historia. Los tiempos han cambiado, lo
sé, pero el cambio que se avecina nos afectará a todos y nuestro verdugo ha
llegado con el nombre de José Bernardo de Gálvez Gallardo. ¿Qué
le hemos hecho al rey Carlos que nos ha traicionado con estas reformas, con las
Reformas Borbónicas?...
El 18 de julio de 1765 arriba a Veracruz,
José Bernardo de Gálvez Gallardo, enviado del rey Carlos III con el
nombramiento de visitador general del reino de la Nueva España y con
atribuciones superiores a la autoridad del virrey. Su objetivo era preciso,
recuperar la hegemonía comercial y militar de España, y explotar y defender
mejor los colosales recursos coloniales por medio de las Reformas Borbónicas,
promulgadas por la corte imperial de Madrid.
Era necesario corregir las fugas
fiscales y promover la producción para aumentar así la recaudación de
impuestos. Pero la solución se encontraba en reformar instituciones; El
Consulado de Comerciantes, algunas corporaciones religiosas como la Compañía de
Jesús y la misma institución del virreinato fueron el blanco de los golpes de
los reformadores.
El "libre comercio" se
trataba de la liberalización del comercio y la ruptura del monopolio comercial
establecido desde el siglo XVI por concesiones del rey a los comerciantes. Sus
principales perjudicados fueron los comerciantes almaceneros del Consulado de
México, que aunque siguió como la asociación más importante en la Colonia, ya
no fue ni la única, ni la rectora de la política comercial ni la acaparadora de
la riqueza colonial.
La ciudad de México dejó de ser
el único centro del comercio ultramarino y surgieron otros dos consulados, el
de Veracruz y el de Guadalajara. Con el libre comercio se favoreció a un nuevo
tipo de comerciantes aumentando así el tráfico comercial y la recaudación
fiscal de las alcabalas. Al mismo tiempo, la llegada de
comerciantes extranjeros abrió la oportunidad para que los comerciantes locales
pudieran operar por su propia cuenta y evitar que las ganancias generadas por
el comercio fluyeran hacia la ciudad de México. Los capitales mercantiles
acumulados podrían invertirse en la región para estimular el crecimiento de las
actividades productivas.
El principal problema del
monopolio comercial radicaba en que los poderosos mercaderes eran los que acaparaban
las utilidades del comercio y con su riqueza lograban influir fuertemente en
las decisiones de las autoridades del virreinato. Los principales cambios en el
sistema de comercio fueron, como lo cita el texto: “la habilitación de nuevos
puertos para el comercio ultramarino, lo mismo en España que en América; la
sustitución de la flota anual por navíos sueltos que podían viajar sin
someterse a un calendario; la ampliación de los permisos para comerciar con más
productos, tanto de la metrópoli con las colonias como de las colonias entre
sí, porque antes de estas reformas estaba restringido el comercio entre las
colonias. Y la supresión de los alcaldes mayores porque estos funcionarios eran
un eslabón muy importante en el control del comercio en el interior de la Nueva
España.”
Otro grupo con excesivo poder
económico y con gran influencia en la sociedad, fue el de los religiosos de la
Compañía de Jesús. Este grupo era parte del problema que se buscaba solucionar
con las Reformas Borbónicas, así que como solución se ordeno su expulsión y además
la confiscación de sus bienes como forma de obtener ingresos.
La expulsión de los misioneros fue súbita y violenta en las provincias de
Sinaloa, Ostimuri y Sonora, lo que provocó efectos inmediatos en las
comunidades indígenas. Los jesuitas daban coherencia y unidad al sistema de
misiones que, con una administración centralizada, presentaba un solo frente a
los colonos que buscaban su desaparición.
La salida de los misioneros
desarticuló la organización de los pueblos indígenas y los redujo a comunidades
aisladas y vulnerables al asedio de los colonos. Desapareció también la
disciplina misional que normaba la vida interna de las comunidades y la falta
de dirección provocó la pérdida de los bienes de comunidad. Con
esta acción quedaba despejado el campo para que los ricos de la región
recibieran más trabajadores indígenas y tuvieran acceso a la propiedad de la
tierra y el agua.
Con el sistema de intendencias se
pretendía un mayor control sobre el imperio. Dirigida por un intendente de alta
jerarquía, con un sueldo equiparable al del virrey y revestido de amplios
poderes en todos los ramos de la administración. El intendente era nombrado por
el rey y a él debía responder de su gestión. El virrey en este sistema no era destituido
pero sí quedaba en un segundo plano de importancia. Para evitar levantamientos
por los grupos inconformes, el intendente contaba con una reciente fuerza: el
ejército profesional, una fuerza represiva disciplinada y leal al rey. El
ejército profesional fue objeto de los máximos privilegios concedidos por el
rey, y era tanta su confianza en los altos cuadros del ejército que casi todos
los intendentes fueron oficiales de alta graduación.
La creación de la Intendencia de
Arizpe dotó a la región de un aparato burocrático que no tenía; una autoridad
superior en la persona del intendente y un grupo de subdelegados nombrados por
él y sólo dependientes de él, a través de los cuales podía ejercer su autoridad
en todos los puntos de la intendencia; un aparato para la recaudación fiscal
que extendió su campo de acción hasta el cobro de diezmos y tributos (y el
intendente tenía injerencia en la administración de estos ingresos).
Por medio de esta burocracia, el
intendente podía también ejercer funciones militares, judiciales y de fomento
de la economía regional. Y es de notar que este aparato burocrático se articuló
en la misma región, del intendente hacia abajo; ya no hubo alcaldes mayores
cuya lealtad estaba comprometida con los comerciantes de México. A pesar de las
fallas y confusiones, cosa explicable en un organismo nuevo y sin antecedentes
en la región, este aparato sirvió bien al desarrollo de los intereses locales.
El gobierno de los intendentes de
Arizpe favoreció al grupo regional privilegiado, como se puede observar en la
política de privatización de la tenencia de la tierra, tanto de la baldía como
la de las comunidades indígenas. El empeño por repartir las tierras comunales
conducía a favorecer también a ese grupo, pues si bien la tierra se entregaba a
indios y mestizos a la larga pasaría a manos de los ricos, ya por compraventa o
por despojo. La política de incentivos a la minería también benefició a este
grupo social, que aumentó la producción de plata en forma considerable.
La actitud de los intendentes fue
muy favorable con los comerciantes debido a que necesitaban
una base de sustentación regional si querían conservar su puesto y ejercer sus
funciones. Poco a poco se debilito la fuerte relación de dependencia de esta
región con la ciudad de México.
El grupo de los mestizos y
mulatos fue el que creció más entre 1767 y 1821, pero no resultó beneficiado
por las reformas borbónicas, sino que fue mejor controlado y objeto de las
exacciones fiscales de una burocracia más amplia y eficiente.
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